La interrupción del flujo energético en el Estrecho de Ormuz en febrero de 2026 —un corredor de apenas 39 kilómetros por el que transita cerca del 20% del petróleo mundial— volvió a poner en evidencia la fragilidad del sistema energético global. En cuestión de semanas, el Brent pasó de 81 a 106 dólares por barril, acumulando un incremento cercano al 40%.
Como en cada crisis, el mecanismo de transmisión fue inmediato: suben los combustibles, se encarece el transporte y la inflación se propaga. Pero lo relevante no es solo la magnitud del shock, sino lo que revela sobre la estructura del sistema energético.
A pesar de los avances en la descarbonización de la electricidad —que representa aproximadamente el 20% del consumo energético global— el 80% restante —transporte, agricultura, industria pesada y aviación— sigue dependiendo del petróleo. La transición ha avanzado en la generación, pero no en el uso.
En este contexto, la seguridad energética ya no puede analizarse únicamente desde la producción. Lo determinante es la estructura del consumo, particularmente en el transporte. A partir de ello, pueden distinguirse cuatro configuraciones con implicaciones claras de política pública.
Petroestados: ventaja externa, vulnerabilidad interna
Los países exportadores netos de petróleo —como Arabia Saudita o Noruega— conservan una ventaja importante en términos de balanza externa: cuando sube el crudo, aumentan sus ingresos fiscales y comerciales.
Sin embargo, esa ventaja es parcial. El petróleo es un commodity global, producido por grandes empresas en un mercado concentrado y con baja elasticidad en el corto plazo. Pequeños shocks generan grandes variaciones de precio, y ese precio se transmite a todas las economías por igual. Además, el margen de acción de la política pública es limitado. No se pueden fijar precios sin generar distorsiones —déficit fiscal, escasez o contrabando— y tampoco es posible reducir la demanda en el corto plazo.
El caso de Estados Unidos lo ilustra con claridad. A pesar de producir cerca de 13 millones de barriles diarios y ser exportador neto, el precio de la gasolina subió cerca de 48 centavos por galón en la primera semana del conflicto. En escenarios de prolongación, se anticipan presiones inflacionarias adicionales impulsadas por transporte y alimentos.
Esto responde a un hecho estructural: aproximadamente el 60% del consumo global de petróleo está vinculado al transporte. Mientras ese sistema siga basado en diésel y gasolina, los petroestados seguirán expuestos al shock, aunque su posición externa mejore.
Bioestados: amortiguación parcial
Algunos países han desarrollado estrategias para reducir —aunque no eliminar— esta dependencia. El caso paradigmático es Brasil, cuya política de biocombustibles, sostenida durante más de cinco décadas, ha permitido sustituir cerca de la mitad del consumo energético en el transporte liviano mediante etanol de caña. Este resultado se sustenta en una combinación de instrumentos de política pública: mezcla obligatoria cercana al 27–30%, una flota predominantemente flex fuel y una agroindustria integrada.
El impacto es significativo: la transmisión del precio del petróleo hacia el consumidor es menor. Sin embargo, los límites son claros. El diésel —que domina el transporte de carga— sigue siendo mayoritariamente fósil; la aviación no tiene sustitutos escalables; y los fertilizantes continúan dependiendo en más de un 80% de insumos derivados del petróleo.
A nivel global, los biocombustibles representan apenas el 5,6% del consumo en transporte. El modelo introduce resiliencia, pero no transforma la estructura.
Electroestados emergentes: transformación estructural
El modelo más ambicioso es el de los electroestados, con China como caso más representativo. Su estrategia no busca sustituir parcialmente el petróleo, sino reducir su rol estructural. En 2024, China invirtió aproximadamente 625 mil millones de dólares en energía limpia, lidera el mercado de vehículos eléctricos (más del 60% de las ventas globales) y concentra una parte significativa de la infraestructura de carga.
La transición, sin embargo, es pragmática. Mientras electrifica el transporte, mantiene el carbón como respaldo, asegurando estabilidad del sistema. La descarbonización no se plantea a costa de la seguridad energética.
Al mismo tiempo, China concentra la producción de tecnologías clave —alrededor del 80% de paneles solares y 60% de turbinas eólicas— lo que le otorga un rol central y geopolítico en la arquitectura energética global.
Importadores netos: exposición total
En el extremo opuesto están los países importadores netos de energía, que enfrentan la mayor vulnerabilidad. Economías como Japón o Corea del Sur dependen en más de un 80% de importaciones energéticas. En Filipinas, el diésel aumentó cerca de 38% en pocas semanas. En África, la falta de refinación convierte a países productores en importadores de combustibles, amplificando el impacto. En economías insulares, la dependencia del diésel es prácticamente total.
A diferencia de los petroestados, estos países no cuentan con ingresos compensatorios ni con mecanismos de sustitución a escala. El shock se transmite de forma directa y completa.
Ecuador: la convergencia de vulnerabilidades
Ecuador sintetiza varias de estas limitaciones en un solo caso.
La producción petrolera ha caído de 556.000 barriles diarios en 2014 a aproximadamente 438.000 en 2025. Al mismo tiempo, la dependencia de importaciones de combustibles ha aumentado, debido a limitaciones estructurales en refinación. El margen entre exportaciones de crudo e importaciones de derivados —que superaba los 5.000 millones de dólares en 2013— se ha reducido a menos de 1.000 millones, disminuyendo significativamente el colchón externo.
A esto se suma una matriz eléctrica concentrada en hidroelectricidad (≈69%), vulnerable a shocks climáticos. La sequía de 2024 provocó cortes prolongados de energía, evidenciando la falta de diversificación.
El impacto se transmite por múltiples canales: ajustes vía bandas en combustibles, aumento de costos logísticos y encarecimiento de insumos agrícolas como fertilizantes.
Ecuador no encaja plenamente en ninguna categoría: no conserva la ventaja de los petroestados, no ha desarrollado la escala de los bioestados y no ha iniciado la transición de los electroestados.
La lección de política pública
La evidencia es clara: la seguridad energética del siglo XXI no puede definirse únicamente por la producción de hidrocarburos. Los petroestados tienen ventaja externa, pero siguen expuestos. Los bioestados amortiguan parcialmente. Los electroestados reducen estructuralmente su dependencia. Los importadores netos son los más vulnerables.
El consenso técnico apunta a la necesidad de una matriz energética diversificada, robusta y estable como condición previa para descarbonizar el transporte. Ecuador ha incursionado de manera limitada en biocombustible -tarea que pude impulsar en mi paso como Ministra Coordinadora de la Producción- con niveles que oscilan entre el 5% y el 10%. Sin embargo, esta política no ha alcanzado la escala necesaria para alterar la estructura del sistema energético.
El obstáculo no es técnico ni económico. Es político. Los planes estratégicos de energía requieren horizontes de 20 a 30 años. Los ciclos electorales duran cuatro. Ningún político tiene incentivos para invertir hoy en soluciones que darán frutos cuando ya no esté en el cargo — a menos que los ciudadanos se lo exijan con claridad y constancia. La seguridad energética no es un tema técnico de ministerios especializados. Es una cuestión de soberanía nacional, y los planes que la garanticen deben tener metas medibles, financiamiento comprometido y rendición de cuentas frente a la ciudadanía.
El sótano sigue siendo de petróleo. Pero podemos empezar a construir otro. Solo hay que empezar hoy — y hay que pedirlo en voz alta.
Leap by Nathalie Cely 
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