El sentido de pertenencia a una nación no es un elemento accesorio del desarrollo ni un concepto puramente emocional asociado a la identidad. Desde una perspectiva de economía política, constituye una condición estructural para la estabilidad institucional y la capacidad de acción colectiva. Las sociedades que logran sostener crecimiento, reducir incertidumbre y ejecutar políticas de largo plazo no lo hacen únicamente por la calidad técnica de sus decisiones, sino porque han construido cohesión en torno a un proyecto compartido. Esa cohesión permite que los individuos internalicen que su bienestar está vinculado al del conjunto, facilitando así la cooperación, la aceptación de costos intertemporales y la legitimidad del sistema.
Aunque este impulso a pertenecer tiene raíces profundas en la evolución y está marcado claramente en nuestro ADN —donde la cooperación era condición de supervivencia—, en las sociedades modernas ya no se activa automáticamente. Depende de factores institucionales concretos: oportunidades reales de superación, reglas previsibles y, sobre todo, la existencia de una narrativa colectiva que dé sentido al esfuerzo común. Cuando estos elementos se debilitan, el resultado no es únicamente descontento; es una forma más profunda de ruptura: la desconexión cívica.
En el Ecuador esta desconexión no puede entenderse como apatía o desinterés ciudadano. La percepción ciudadana se ha visto afectada por una serie de dinámicas que erosionan la credibilidad institucional: conflictos entre funciones del Estado que no se resuelven con claridad jurídica, decisiones que parecen responder a intereses de consolidar poder, más que a principios éticos y normativos, y la utilización de entidades que deberían ser técnicas como instrumentos de disputa política. Estas situaciones no solo generan incertidumbre; afectan algo más profundo: la legitimidad del sistema. Y sin legitimidad, la pertenencia deja de ser sostenible.
Episodios recientes han contribuido a consolidar esta percepción. La secuencia que llevó a la designación y posterior destitución del presidente del Consejo de la Judicatura, así como las dificultades por parte de entidades del ejecutivo, para la aplicación efectiva de decisiones judiciales en procesos de sucesión institucional, y el posterior envío por parte del presidente de la Corte de Justicia de una nueva terna para la designación de la Presidencia, desconociendo lo que la propia ley y sus jueces determinaron. O la reciente decisión del Consejo Nacional Electoral de modificar el calendario de elecciones seccionales, aunque formalmente adoptada, ha sido objeto de impugnaciones ante el Tribunal Contencioso Electoral. Mientras estas se resuelven, la medida permanece vigente, generando incertidumbre sobre la estabilidad de las reglas electorales. Este tipo de episodios refuerza la percepción de abuso y volatilidad institucional en procesos que requieren máxima previsibilidad. Más allá de los detalles específicos, lo relevante es el patrón que subyace: la introducción de incertidumbre sobre la consistencia en la aplicación de la ley. No son casos aislados sino las huellas de un patrón que se repite consistentemente.
Este tipo de señales tiene efectos que trascienden lo jurídico. Cuando los ciudadanos perciben que el marco institucional no garantiza resultados previsibles, ajustan su comportamiento. La confianza se reduce, la cooperación se debilita y el sentido de pertenencia se erosiona. A esta dinámica se suma un contexto donde el Estado enfrenta limitaciones para cumplir funciones básicas: la persistencia de la inseguridad, la expansión de economías ilegales que afectan tanto a pequeños como grandes actores productivos, y las deficiencias en la provisión de servicios esenciales como salud y educación. En conjunto, estos factores consolidan una percepción de ineficacia estatal que refuerza la desvinculación. Ante la ruptura institucional y la falta del estado en la vida de los ciudadanos, germina la impotencia y la desconexión cívica.
Sin embargo, la desvinculación o desconexión cívica no se explica únicamente por la debilidad institucional y la ausencia del estado. Existe un segundo factor estructural igualmente relevante: la carencia de una agenda país. A diferencia de los programas de gobierno, que responden a horizontes políticos de corto plazo, una agenda país constituye un acuerdo intertemporal sobre prioridades estratégicas. Define el modelo de desarrollo, establece marcos de acción y permite generar continuidad en las políticas públicas. Cuando este acuerdo no existe, cada administración redefine el rumbo, interrumpe procesos y genera incertidumbre. Pero el impacto más profundo es intangible: la ausencia de una narrativa compartida que permita a los ciudadanos entender hacia dónde se dirige la sociedad y cuál es su rol dentro de ese proceso. Sin dirección, no hay relato. Y sin relato, la pertenencia pierde sustento.
Este problema se vuelve aún más complejo cuando se lo analiza desde la capacidad de los países para enfrentar crisis. En Crisis: How Nations Cope with Upheaval and Change, Jared Diamond plantea que las naciones no fracasan por las crisis en sí, sino por su incapacidad de responder colectivamente a ellas. Esta capacidad depende de factores como el reconocimiento honesto de la realidad, la aceptación de responsabilidad, la construcción de consensos mínimos y la existencia de una identidad nacional cohesionada. Sin estos elementos, las sociedades no logran sostener procesos de ajuste ni implementar reformas estructurales.
Aplicado al Ecuador, el diagnóstico es claro: la debilidad del sentido de pertenencia limita la posibilidad de construir esa respuesta colectiva. Cuando no existe una base común de hechos —producto, en parte, de la creciente desinformación— ni confianza en las instituciones, la construcción de consensos se vuelve extremadamente difícil. La consecuencia es un sistema donde las reformas se diluyen, los esfuerzos se fragmentan y la capacidad de adaptación se reduce.
En este contexto, los valores y principios dejan de ser una dimensión normativa para convertirse en una condición operativa del sistema. El respeto al Estado de derecho, la integridad, la responsabilidad individual y la solidaridad orientada a la generación de oportunidades son elementos que permiten que las reglas funcionen incluso en ausencia de control constante. Entre ellos, el compromiso con la verdad adquiere una relevancia particular en el entorno actual.
La creciente normalización de la desinformación en el discurso público introduce un desafío adicional: la dificultad de sostener un espacio de deliberación basado en hechos. En este escenario, el rol de la ciudadanía se vuelve central. Ya no es suficiente participar de manera pasiva; es necesario desarrollar capacidades básicas de evaluación crítica. Esto implica contrastar declaraciones con evidencia, identificar inconsistencias entre discurso y acción, comprender los incentivos que subyacen a determinadas narrativas y diversificar las fuentes de información. La capacidad de detectar la mentira —o, al menos, de cuestionar su plausibilidad— se convierte en un elemento esencial para el funcionamiento democrático.
Sin embargo, estas capacidades individuales requieren de un ecosistema que las haga posibles. En ese ecosistema, la prensa de investigación y los medios independientes cumplen una función insustituible. Son, en muchos casos, el primer filtro de verificación de la realidad, los que exponen inconsistencias, revela abusos y documentan aquello que de otro modo permanecería oculto. Cuando este tipo de periodismo se debilita —ya sea por presiones políticas, limitaciones económicas o deslegitimación sistemática—, la sociedad pierde uno de sus principales mecanismos de autocorrección.
Por ello, la defensa de una prensa libre, rigurosa e independiente no es únicamente una causa sectorial; es una condición para la calidad de la democracia. Los ciudadanos no solo deben consumir información de manera crítica, sino también respaldar —explícita o implícitamente— a aquellos espacios que hacen del rigor y la evidencia su principal activo.
De manera complementaria, las voces de opinión independientes cumplen un rol orientador en el debate público. En contextos donde la información es abundante pero fragmentada, estas voces contribuyen a estructurar el análisis, conectar hechos con implicaciones y elevar el nivel de la conversación. Su progresiva reducción —por polarización, presión o desgaste— empobrece el espacio público y dificulta la formación de criterio ciudadano.
En paralelo, la academia y los centros de pensamiento independiente tienen la responsabilidad de sostener estándares de evidencia y de traducir complejidad en claridad. Su rol no es únicamente técnico, sino también cívico: contribuir a la construcción de una narrativa basada en hechos que permita articular una agenda país.
En última instancia, el sentido de pertenencia no puede decretarse ni imponerse. Es el resultado de la interacción entre instituciones que funcionan, una dirección clara y una ciudadanía que confía en el sistema porque percibe que opera bajo reglas consistentes. Un país sin instituciones confiables no genera confianza; un país sin agenda no genera compromiso; un país sin una base común de verdad no genera cohesión.
La pregunta que enfrenta Ecuador es, por tanto, profundamente estructural: si aspira a reconstruir un proyecto colectivo o si continuará operando bajo una lógica de fragmentación donde la coexistencia sustituye a la comunidad política. La respuesta a esta pregunta no es inmediata, pero sí define el marco dentro del cual será posible —o no— construir desarrollo sostenible. Porque, en última instancia, el desarrollo no es únicamente una cuestión de políticas públicas. Es la capacidad de una sociedad de reconocerse como un “nosotros”. Y sin ese “nosotros”, no hay futuro posible.
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