ECONOMÍA Y DESARROLLO PRODUCTIVO
La nueva política industrial de Estados Unidos: ¿Está Ecuador preparado?
Julio de 2026
Una nueva ola de aranceles impulsada por Estados Unidos ha reabierto el debate mundial sobre el acceso al mercado estadounidense y sería un error interpretar estos acontecimientos como una discusión exclusivamente comercial. Los aranceles son hoy parte de una estrategia mucho más amplia: la política de seguridad económica y geopolítica de Estados Unidos. Washington ha propuesto aranceles adicionales a las importaciones de 60 economías por no prohibir o fiscalizar adecuadamente el ingreso de bienes producidos con trabajo forzoso: 10% para los países que han adoptado o comprometido medidas —entre ellos Ecuador— y 12,5% para los demás. Aunque la decisión todavía no es definitiva, demuestra que los estándares laborales han dejado de ser únicamente compromisos sociales y pueden convertirse directamente en instrumentos arancelarios.
La situación inmediata continúa marcada por la incertidumbre. Estados Unidos mantiene un recargo general del 10% sobre buena parte de sus importaciones, establecido en febrero de 2026 y vigente, en principio, hasta el 24 de julio. Su continuidad, modificación o sustitución dependerá de las decisiones que adopten la administración Trump y el Congreso. Para Ecuador existe además un acuerdo de comercio recíproco firmado el 13 de marzo, pero sus beneficios dependen de su aprobación en la Asamblea Nacional. Ya escribí un documento de política pública sobre las ventajas y desventajas concluyendo que era mejor no firmarlo y que lo pueden revisar para mayor profundidad en este tema is es de su interés. (link al documento: https://nathaliecely.blog/2026/03/20/lo-que-el-pais-gana-lo-que-cede-y-lo-que-podemos-esperar-a-futuro-con-la-firma-del-acuerdo-de-comercio-reciproco-ecuador-eeuu/)
Washington se comprometió a restituir el tratamiento arancelario de nación más favorecida para determinados productos ecuatorianos que no se producen naturalmente en Estados Unidos, en la fecha que resulte posterior entre el 1 de agosto y la entrada en vigor del acuerdo. Por tanto, al terminar julio no cabe esperar un regreso automático al escenario anterior: puede producirse una prórroga del recargo, un nuevo esquema o una aplicación selectiva de preferencias. La incertidumbre misma se ha convertido en un instrumento de negociación.
Washington utilizará aranceles, controles tecnológicos, disposiciones contra el trabajo forzoso, reglas para las cadenas de suministro, minerales críticos, inversión y comercio digital para fortalecer su política industrial y geopolítica. La seguridad se convirtió en el criterio que organiza la política económica. El propio acuerdo con Ecuador incorpora compromisos sobre controles de exportación, seguridad de las inversiones, resiliencia de las cadenas productivas, derechos laborales y comercio digital. Ya no estamos ante un tratado comercial convencional.
Desde esa perspectiva, la pregunta para Ecuador cambia. No basta con preguntarse si logra una exención temporal o si un acuerdo recíproco abrirá mercados. La pregunta estratégica es si ese acuerdo protege realmente al país en un mundo donde las medidas comerciales pueden justificarse por razones de seguridad, resiliencia o política industrial.
Este cambio obliga a mirar hacia adentro. La mejor negociación comercial comienza con una agenda nacional de competitividad y transformación productiva. En este punto, los datos requieren una lectura cuidadosa. La Formación Bruta de Capital Fijo cayó 2,3% en términos reales en 2024 y se recuperó 5,6% en 2025. En el primer trimestre de 2026 alcanzó USD 6.990 millones, ligeramente por debajo de los USD 7.029 millones del trimestre anterior. No se puede desconocer la recuperación, pero tampoco confundir un rebote después de años de debilidad con un nuevo ciclo sostenido de inversión. La inversión privada representaba el 17,6% del PIB en 2018, según la última referencia histórica desagregada publicada por el Banco Central; desde entonces, el país no ha demostrado una expansión continua de su capacidad productiva.
Algo similar ocurre con la Inversión Extranjera Directa. Ecuador recibió USD 1.299 millones en 2025, el mejor resultado de los últimos seis años, y otros USD 431,5 millones en el primer trimestre de 2026, 85,7% más que un año antes. Es una mejora que debe reconocerse. Sin embargo, el monto de 2025 equivale aproximadamente al 1% del PIB y una parte importante corresponde a reinversión de utilidades, no necesariamente a la llegada de nuevas empresas o capital fresco para proyectos productivos. Ecuador sigue captando poca inversión extranjera en relación con el tamaño de su economía y con sus necesidades de infraestructura, energía y diversificación.
También se debe reconocer el avance en la percepción financiera del país. El riesgo país llegó a 378 puntos en junio y se situó en 413 puntos el 8 de julio de 2026, niveles que no se observaban desde hace más de una década. Esta reducción está vinculada, entre otros factores, con una política fiscal más ordenada, la disminución prevista del déficit, el fortalecimiento de los ingresos y el retorno de Ecuador a los mercados internacionales de capital. El FMI proyecta que el déficit global pase de 2,9% del PIB en 2025 a 0,4% en 2026 y que la deuda pública siga una trayectoria descendente. Es un logro importante: sin estabilidad fiscal es muy difícil atraer inversión. Pero la estabilidad fiscal es una condición necesaria, no una política productiva.
Ecuador ha comenzado a explorar una estrategia inspirada en el enfoque de complejidad económica desarrollado por Ricardo Hausmann: identificar capacidades existentes y utilizarlas para avanzar hacia productos más sofisticados. La iniciativa es acertada, pero debe traducirse en decisiones concretas. Nuestra estructura exportadora continúa profundamente concentrada. En 2025, el camarón representó el 28,6% de las exportaciones no petroleras y el banano otro 14,5%; juntos explicaron más del 43% de su valor. Si se añade el cacao, tres productos concentraron cerca del 59%. En términos de volumen, el banano por sí solo representó el 50,6% de la carga no petrolera exportada.
La principal incorporación reciente a esa estructura ha sido la minería, cuyos productos llegaron al 14,2% de las exportaciones no petroleras en 2025. Ese crecimiento no apareció espontáneamente: es el resultado de grandes concesiones, inversiones de largo plazo y proyectos que finalmente entraron en producción. La experiencia minera demuestra que nuevos sectores pueden emerger cuando existen escala, capital, recursos identificados y un marco que permite ejecutar inversiones. También recuerda la necesidad de controles ambientales rigurosos, consulta adecuada y beneficios verificables para los territorios.
Por eso Ecuador necesita una política productiva activa. No se trata de escoger empresas favorecidas ni de volver al proteccionismo. Se trata de identificar restricciones concretas que impiden invertir y eliminarlas: demoras en permisos, inseguridad jurídica, cambios regulatorios, infraestructura insuficiente, escasez de capital humano, dificultades de financiamiento y ausencia de mecanismos confiables de pago.
El sector energético ilustra el desafío. Entre 2009 y 2010 Ecuador tuvo una visión clara para ampliar su capacidad instalada mediante hidroeléctricas. La ejecución presentó problemas, pero el mayor error posterior fue no actualizar esa estrategia frente al nuevo contexto internacional. Mientras el mundo convirtió la energía en un activo estratégico para la inteligencia artificial, los centros de datos, los semiconductores y la manufactura avanzada, Ecuador dejó de planificar con una visión de largo plazo.
El país posee una ventaja extraordinaria para desarrollar energía solar y complementar su matriz hidroeléctrica. Sin embargo, esa oportunidad sigue subutilizada. Persisten restricciones que desalientan la inversión privada: incertidumbre regulatoria, percepción de riesgo, procesos lentos y ausencia de mecanismos sencillos —como fideicomisos o garantías de pago— que otorguen certeza a los inversionistas. Una política productiva activa comenzaría por remover esas barreras, convocar inversión competitiva y asegurar contratos transparentes y financiables.
El mismo razonamiento se aplica a otros sectores estratégicos. Si el mundo reorganiza sus cadenas de suministro con criterios de seguridad, Ecuador debe preguntarse cómo convertirse en un socio competitivo y confiable. Eso exige infraestructura, instituciones, seguridad jurídica, capital humano, energía abundante y reglas estables para invertir.
La respuesta no es el proteccionismo. Tampoco confiar exclusivamente en un tratado comercial. La verdadera ventaja competitiva se construye fortaleciendo capacidades productivas y creando un entorno que atraiga inversión de calidad.
El desafío para Ecuador no es solamente obtener una exención temporal de un arancel ni firmar un nuevo acuerdo comercial. Es construir un país capaz de competir en la nueva economía mundial. Los tratados comerciales pueden abrir puertas. Pero solo los países que invierten diversifican y construyen capacidades consiguen mantenerse dentro.


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