Esta semana deja una señal incómoda pero clara: la incertidumbre ya no es un error del sistema global, es una herramienta de poder.
En América Latina, esa incertidumbre se cruza con un factor que ya no puede analizarse por separado: la seguridad regional. Y Ecuador es hoy uno de los países que paga el costo más alto.
La relación entre Ecuador y Colombia muestra una deriva preocupante. Cuando fallan los mecanismos de cooperación en frontera, el comercio empieza a usarse como instrumento de presión política.
Las medidas adoptadas por Ecuador —el arancel del 30% a productos colombianos y el incremento a la tasa de transporte del oleoducto colombiano— han sido justificadas como un impuesto a la inseguridad: una respuesta económica a un problema que es, en esencia, de seguridad regional.
El resultado es previsible: mayores costos para empresas y consumidores, cadenas regionales más frágiles y ninguna solución estructural al problema de fondo.
Ecuador no produce cocaína, pero está atrapado entre Colombia y Perú, dos de los mayores productores del mundo. Por su territorio sale una parte importante de la droga que alimenta los mercados internacionales.
Las cifras hablan solas: la tasa de homicidios pasó de menos de 7 por cada 100.000 habitantes a más de 45–50 en pocos años; ciudades como Durán registran niveles de violencia comparables con zonas de guerra.
Mientras los cultivos crecen en la región, la violencia se queda en Ecuador. Ese es el verdadero costo humano del narcotráfico.
Las incautaciones superan las 200 toneladas anuales, pero el crimen organizado se adapta porque el lavado de activos sigue operando.
Sin atacar los flujos financieros, las redes se reconstruyen, la violencia se recicla y el Estado siempre llega tarde. La seguridad no se gana solo con operativos. Se gana cuando se corta el dinero.
Aquí emerge una asimetría difícil de ignorar. Estados Unidos es uno de los principales destinos de la droga que transita por Ecuador, pero el esfuerzo ecuatoriano no se traduce en prioridad política.
Ni en comercio, ni en inversión en seguridad, ni en cooperación estructural. Los aranceles y la falta de avances reales en negociaciones envían un mensaje claro: Ecuador absorbe costos regionales sin respaldo proporcional.
La incautación de precursores químicos para fentanilo debería encender todas las alarmas.
Entre el 23 y el 28 de enero de 2026, Ecuador incautó alrededor de 12 toneladas de ketamina, un potente anestésico que hoy es uno de los insumos más codiciados por las redes internacionales del narcotráfico para la producción de drogas sintéticas y como potenciador del fentanilo.
Esto no es un problema policial menor. Es una amenaza social de proporciones catastróficas que ha pasado como un titular más, sin generar la reflexión que exige un fenómeno que recién empieza.
El fentanilo ha devastado comunidades enteras en otros países. Si Ecuador no actúa ahora —con prevención, control financiero y cooperación internacional— el impacto puede ser profundo e irreversible.
Ecuador no es un actor geopolítico mayor, pero hoy está pagando un precio desproporcionado por una guerra que no originó y que no puede ganar solo.
Mientras los cultivos crecen en la región y la droga fluye hacia los mercados de consumo, la violencia se queda aquí. Aquí están los homicidios. Aquí está la ruptura social. Aquí está el miedo cotidiano.
Responder con aranceles, operativos aislados o discursos no reemplaza lo que falta: una estrategia regional real de seguridad que ataque el dinero, reduzca el consumo y asuma una verdad básica de la economía política: toda demanda genera su oferta.
Mientras esa demanda exista, América Latina seguirá pagando las consecuencias del enraizamiento del crimen organizado: extorsión, minería ilegal, secuestros, corrupción y captura del Estado.
Cuando la cooperación falla, el crimen avanza. Y cuando el crimen avanza, el Estado pierde control.
Ecuador —y la región— están entrando en una zona de riesgo que ya no admite diagnósticos tibios ni respuestas aisladas.
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